Despacho de inhibición otorgado por los jurados de la villa de Goizueta contra Juan de Alduncín para que no continúe con las obras en la casa de Alduncín, ante el escribano Martín de Iriarte.
Contiene:

• Emplazamiento y compulsoria expedida por la Real Corte de Pamplona contra la villa de Goizueta sobre la obra que hacía Juan de Alduncín, fechado Pamplona el 11 de agosto de 1579.
• Petición los jurados de la villa de Goizueta en contra de Juan de Alduncín.
• Dictamen favorable a Juan de Alduncín pronunciado por el licenciado Echaide.

Consultas, súplicas y dictámenes acerca de las exenciones de servicios y cuarteles del palacio de Alduncín, declarado palacio de cabo armeria, en propiedad de Joaquín de Alduncín y María Nicolasa de Larreta.

Decreto de la Corte de Navarra a solicitud de Juan Carlos de Aréizaga ordenando a Ana Ignacia de Navarrete la imposibilidad de hacer novedades en las cerraduras del palacio Arbactas.
Inserto:
Suplica realizada por Miguel de Itúrbide, procurador de Juan Carlos de Aréizaga.
Traslado sacado por el escribano Antonio Ramón de Antoñana.
Contiene:
Notificación del decreto ante el escribano Joaquín Ignacio de Arribillaga, fechada en Goizueta el 20 de noviembre de 1788.

Recurso simple interpuesto por Francisco Antonio de Antoñana, procurador de Juan Carlos de Aréizaga y María Nicolasa de Alduncín, sobre la media anata pretendida por la Real Haciendo sobre el palacio de Alduncín.

Despacho de Bartolomé de Calleja, canónigo de la Catedral de Calahorra y provisor y vicario general del Obispado de Calahorra y la Calzada, para que el vicario de Vitoria informe acerca del estado en que se encuentra una casa de la calle Herrería cuyas rentas pertenecen a la Capellanía de Esteban Ortiz de Zárate Arbiegui y que Millán Carpintero Ibarra, en nombre de Bartolomé José [Ortiz] de Urbina [Ruiz de Zurbano], vecino de Vitoria, administrador de los bienes y rentas de su hijo Fernando, inquisidor y canónigo en Valencia, poseedor de dicha capellanía, a solicitado realizar obras en ella por valor de 3.000 reales y para pagarlas imponer un censo por dicha cantidad al 3 por ciento de interés anual sobre los bienes y rentas de dicha capellanía.