Certificación de un acuerdo de la Diputación de Vizcaya ordenando acatar una Real Orden por la cual todo guerrillero apresado con las armas en la mano debía ser ahorcado sin proceso judicial alguno y los pueblos en los que fueran cometidas sus acciones serían recargados con un arbitrio extraodinario, sus habitantes desarmados y diez de los principales de ellos sería hechos presos y conducidos al cuartel general para ser garantes y responsables con sus bienes y personas de los asesinatos que se hubieran cometido o se pudieran cometer.